Asesoramiento jurídico independiente a partir de los 50: lo que está permitido ofrecer

Por qué la experiencia jurídica no equivale a una habilitación

Tras veinte o treinta años en un departamento jurídico, un banco, una aseguradora o una administración, la idea de establecerse por cuenta propia parece natural. Sin embargo, en Francia dar consultas jurídicas remuneradas a terceros y redactar para ellos actos de naturaleza jurídica es una actividad regulada. Una competencia real no sustituye las condiciones que fija la ley.

Esta norma protege a los clientes, que tienen derecho a un asesoramiento fiable, asegurado y sujeto a deberes de confidencialidad. Afecta igual a un antiguo jurista de empresa que a un antiguo directivo convertido en especialista de un ámbito concreto. Antes de cualquier gestión comercial hay que preguntarse con precisión qué se quiere vender.

Qué está regulado y qué lo está menos

Sin pretender resolver cada caso, se pueden distinguir varias familias de servicios.

• Consulta jurídica y redacción de actos para terceros: actividad regulada que, en principio, corresponde a los abogados y a algunas otras profesiones reguladas, con excepciones sujetas a condiciones estrictas.
• Formación, pedagogía y divulgación: impartir una sesión sobre un tema de derecho, escribir fichas generales o intervenir en una conferencia pertenece a otro registro, siempre que el contenido no se convierta en asesoramiento individualizado.
• Funciones de apoyo: vigilancia documental, búsqueda de jurisprudencia, revisión de procedimientos internos, organización de expedientes para un despacho o una empresa.
• Consultoría no jurídica: organización, cumplimiento operativo, gestión de proyectos, mediación en relaciones, que se apoyan en la experiencia sin emitir dictámenes de derecho.

La frontera puede ser sutil. Un dictamen escrito a petición de un cliente sobre su situación concreta es a menudo señal de una consulta.

Comprobar el propio marco antes de lanzarse

El enfoque adecuado consiste en exponer el proyecto por escrito y hacerlo examinar. Un abogado, un colegio profesional o una organización del sector puede indicar si los servicios previstos están permitidos, con qué condiciones de título o de experiencia, y con qué seguro y qué garantía.

Los puntos que hay que comprobar:

1. el nivel de cualificación exigido para la actividad prevista;
2. la posible obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil profesional;
3. la clientela autorizada (empresas, particulares, asociaciones);
4. la manera de presentar la oferta sin sugerir un título que no se posee;
5. la protección de datos y el secreto profesional.

Estas comprobaciones cuestan algo de tiempo, pero evitan sanciones y litigios.

Competencias que sí se pueden poner en valor

Incluso sin libertad para dar consultas jurídicas, la experiencia sigue siendo un activo. Se pueden destacar:

• el rigor en la redacción y la capacidad de aclarar un texto complejo;
• el conocimiento de los procesos de una empresa: contratos, compras, cumplimiento normativo, relaciones con las aseguradoras;
• la pedagogía, útil para formar equipos o directivos;
• la gestión de plazos y prioridades en un contexto exigente;
• la discreción, cualidad central en todas las funciones cercanas al derecho.

Los empleadores buscan a veces perfiles con experiencia para misiones de transición, sustituciones o proyectos concretos, también a tiempo parcial.

Estatus posibles y lógica de los ingresos

Según el proyecto, pueden plantearse varias fórmulas: asalariado a tiempo parcial o con contrato temporal, misión mediante portage salarial (una fórmula francesa de trabajo asalariado por encargos), profesión liberal o microempresa para servicios no regulados, o colaboración con una estructura ya habilitada. Cada fórmula tiene sus reglas de cotización, de responsabilidad y de facturación.

Los ingresos varían muchísimo según la naturaleza de la misión, la clientela, la red de contactos y los gastos. No se puede anunciar ningún nivel de remuneración, y los primeros años suelen incluir un arranque lento. En el caso de un jubilado, la posibilidad de compatibilizar la pensión con una actividad, y los límites eventuales, debe confirmarse con su caja de pensiones.

Vías concretas en torno a la experiencia jurídica

Varias opciones permiten seguir activo en el mundo del derecho sin cruzar la línea del ejercicio regulado:

• un puesto asalariado en un departamento jurídico, una administración local, una asociación o un despacho, a tiempo parcial si hace falta;
• misiones documentales o de gestión para un despacho o una empresa;
• la formación en empresas o en organismos, respetando las normas de la enseñanza;
• misiones de voluntariado de acceso al derecho, como la conciliación o la ayuda en consultas de asociaciones, cuyas condiciones se comprueban en el juzgado o en la entidad correspondiente;
• la mediación, que obedece a un marco y a una formación específicos.

Cada una de estas vías exige condiciones propias, que conviene confirmar antes de comprometerse.

Ejemplo de una reorientación prudente

Ejemplo ilustrativo. Una antigua directora jurídica de una pyme de distribución deja su puesto a los 62 años. Quiere asesorar a pequeñas empresas sobre sus contratos. Antes de crear una actividad, presenta su proyecto a un abogado que conoce y a una organización de juristas.

Descubre que algunas de sus ideas requieren una habilitación que no tiene. Se queda entonces con dos orientaciones: sesiones de formación sobre prevención de litigios contractuales para responsables de pymes, y misiones a tiempo parcial en un despacho para organizar expedientes y hacer vigilancia normativa. Su oferta está redactada de modo que no deje ninguna ambigüedad sobre lo que hace y lo que no hace.

Errores que evitar en la presentación comercial

Los riesgos vienen con frecuencia de la comunicación: usar un título que sugiera la condición de abogado, prometer un resultado, anunciar una tarifa por una consulta que no está permitida o hacer firmar un acto redactado sin un marco jurídico claro. Los anuncios en una web, una red social o una tarjeta de visita comprometen tanto como el trabajo realizado.

Otros errores habituales: descuidar el seguro, olvidar el deber de confidencialidad, no anticipar los conflictos de intereses y aceptar un encargo que supera la propia competencia. Cuando persiste la duda, remitir al cliente a un abogado es una actitud profesional, no una muestra de debilidad.